Uno de los principales retos del país en tema de seguridad hídrica es avanzar hacia una cultura responsable del agua en todas sus facetas. Panamá podrá ser reconocido como un Estado con seguridad hídrica, garantizando los recursos para construir la infraestructura resiliente de agua y saneamiento. Paralelamente, educar a su población en el ahorro y reutilización del agua a fin de lograr un uso más eficiente del recurso, y con ello, prevenir y/o mitigar los impactos previsibles de los fenómenos naturales y lograr asentamientos humanos que no impactan el ciclo del agua.
El uso compartido y responsable del agua y la protección de las fuentes requiere de una interinstitucionalidad funcional con capacidad de coordinación para realizar las inversiones y acciones propuestas en este Plan, como también, para hacer cumplir la normativa que regula el sector, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Por otra parte, la coordinación interinstitucional es esencial para enfocar acciones que requieren la participación de más de una institución, por ejemplo, la construcción de infraestructura de aprovechamiento (caso de los reservorios multipropósito) en sus facetas de estudios sociales, económicos y ambientales, diseños técnicos, inversión, operación y mantenimiento).
De igual forma, la coordinación interinstitucional es clave para no realizar inversiones que afecten otros sectores.
La participación de los usuarios, la sociedad organizada y los consumidores finales en la gestión del agua es esencial para lograr un uso responsable. Mecanismos de concertación, negociación, información, educación, capacitación, son aspectos necesarios para la concienciación de los usuarios sobre un bien público que es indispensable para todas las actividades humanas, el desarrollo de un país y para conservar su riqueza natural. Para ello, en el marco de la descentralización de la gestión pública, el Estado continuará abriendo los espacios de participación y concertación, como también campañas de sensibilización y educación donde la sociedad civil y las comunidades participen y sean agentes multiplicadores.
En el aspecto normativo, la existencia de un marco jurídico con reglas claras y competencias definidas fue una de las recomendaciones más relevantes de la consulta pública para elaborar el Plan.
Actualmente, el marco jurídico de la gestión de agua y saneamiento es relativamente amplio, sin embargo, algunas normas han quedado obsoletas con respecto a la evolución socioeconómica y urbana del país (por ejemplo, la Ley de Aguas de 1966 y el Código Sanitario de 1947); otras, cuyo mandato administrativo fue cambiado por otra norma (por ejemplo, el Decreto sobre de concesiones de agua de 1973 en el cual la competencia otorgada al MIDA fue traspasada a la ANAM con la Ley General de Ambiente); y vacíos legales, la mayor parte relacionados con el manejo y uso de aguas subterráneas.
El marco normativo dispone de directrices específicas, como también, los reglamentos técnicos y estándares para el manejo y disposición de aguas residuales industriales y de las plantas de tratamiento. El papel de los gobiernos municipales es clave para colaborar en esta tarea.
Encontrar mecanismos funcionales y efectivos para resolver los conflictos por los recursos hídricos y los medios para prevenirlos es responsabilidad de todos. En este sentido, la solución alternativa de conflictos cobra cada vez mayor importancia para lograr acuerdos.